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Déficit Público 2015: 56.000 millones

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Un país funciona mejor con la libre iniciativa empresarial que con la planificación económica centralizada del gobierno. Lo sostienen múltiples razones tanto teóricas como empíricas. Las diferencias entre Corea del Sur y Corea del Norte son un ejemplo. Mientras que el primero tiene una renta per cápita superior a 21.000 euros (28º del mundo), en el régimen comunista del norte no se superan los 500 euros (183º del mundo). Singapur y Cuba, recientemente visitada por el presidente Barack Obama, son otro ejemplo. Los dos países consiguieron la independencia casi al mismo tiempo. Singapur se independizó de Malasia en 1965 y Cuba, que no era una colonia española desde 1898, conoció el triunfo de la revolución comunista de Fidel Castro en 1959. Tanto Singapur como Cuba tenían en 1960 una renta per cápita de 2.500 dólares, comparables en términos de poder adquisitivo. Actualmente, Singapur es uno de los países más prósperos y ricos del mundo con 42.344 euros por habitante, mientras que Cuba no supera los 5.200 euros. Por lo tanto, Singapur la ha multiplicado por 17, pero Cuba sólo por 2. Los resultados no varían si consideramos indicadores más favorables a Cuba, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU, que incluye también la escolarización y la esperanza de vida. Desde 1990, Singapur ha mejorado de 0,72 a 0,91, mientras que Cuba sólo ha pasado de 0,68 a 0,77. Por tanto, la renta por habitante de Singapur es muy superior a la de Cuba, pero también lo es la esperanza de vida (83 años versus 79 años) y los años de escolarización (15,4 años versus 13,8 años). La principal causa de la miseria de Cuba es la inexistencia de las instituciones básicas de una economía de libre mercado. Con instituciones de mercado, Cuba sería hoy tan próspera como Singapur.

En cuanto a España, Madrid es la comunidad más rica con 31.812 euros por habitante. Siguen las comunidades forales, País Vasco con 30.459 euros y Navarra con 28.682 euros. Cataluña ocupa el cuarto lugar, con 27.663 euros. La media de España es de 23.300 euros. Todas las cifras deben matizarse en función del coste de la vida de cada lugar, lo que reduce notablemente las diferencias. Cataluña tiene unos precios un 10% más altos que la media española, mientras que, en el otro extremo, Extremadura los tiene un 20% más bajos. También se debe considerar el déficit público (el 5,2% del PIB en 2016), que el gobierno atribuye a Cataluña y Valencia. El anuncio de adoptar medidas coactivas para reducir el gasto público de Cataluña puede incluir, junto con la reducción de la renta, sanciones y más intervención. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado y culpabilizado por la desviación de 10.000 millones de euros en el déficit a las autonomías de Cataluña y Valencia. Oculta el político popular que el déficit público también tiene otras causas. La primera es el dinero dejado de recaudar por la rebaja fiscal electoralista del PP en un intento por retener votos y que ha costado 7.000 millones. La segunda causa sería la falta de adelgazamiento de la administración central, que ha convocado 13.500 plazas públicas este 2016, un 62% más que en 2015. Posiblemente, todo también con intereses electoralistas y para ganar votos en las urnas. Y la tercera causa es que los ajustes solicitados a las autonomías no son sólo injustos y no equitativos, sino también irrealizables. No son justos ni equitativos porque cargan a las autonomías, y no al Estado central, el mayor peso de los recortes, en una obsesión por recentralizar y muscular la administración central. Y no son realizables porque pondrían en peligro el Estado del Bienestar, yendo a pique las ayudas a la dependencia, el gasto sanitario y el gasto educativo. Y es que todo este gasto lo realizan las comunidades y es el que Hacienda obliga a reducir. El objetivo de déficit autonómico impuesto por el Estado este 2016 es del 0,3% del PIB. El cumplimiento estricto, para el caso de Cataluña, significaría una reducción del gasto público superior a los 4.900 millones de euros. Esta cifra implicaría el total demantelamiento del Departamento de Educación (4.430 millones), la reducción del 60% del Departamento de Salud (8.300 millones) o la supresión total de los departamentos de Cultura (228 millones), Agricultura (280 millones), Empresa y Ocupación (650 millones), Justicia (815 millones), Bienestar Social y Familia (1.800 millones), e Interior (1.160 millones).

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