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Cataluña: Déficit Público 2016

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El déficit público de España fue del 5,2% del PIB en 2015. La desviación de 10.000 millones de euros es, según Montoro, culpa de Cataluña y Valencia, con déficits respectivos del 2,7% y 2,5% del PIB, cuando el límite autonómico era el 0,7%. Los objetivos de déficit para el conjunto de las administraciones públicas es de sólo el 2,8% del PIB en 2016. Un reto ambicioso y difícil de alcanzar. La distribución territorial del déficit es la siguiente: -2,2% la administración central, -0,3% las comunidades autónomas , 0% los ayuntamientos y -0,3% la Seguridad Social. El ajuste en el gasto que esto significa para Cataluña es irreal, ineficiente, injusta e inmoral.

Irreal, porque su cumplimiento conlleva una reducción del gasto público superior a los 4.900 millones de euros. Esta cifra implicaría el total demantelamiento del Departamento de Educación (4.430 millones), la reducción del 60% del Departamento de Salud (8.300 millones) o la supresión total de los departamentos de Cultura (228 millones), Agricultura (280 millones), Empresa y Ocupación (650 millones), Justicia (815 millones), Bienestar Social y Familia (1.800 millones), e Interior (1.160 millones).

Ineficiente, porque aleja el fiscalizador del fiscalizado y disminuye los efectos positivos de la transparencia, el conocimiento de necesidades y la presión ciudadana, capaz de forzar la dimisión del primer ministro islandés Gunnlaugsson. Este había defendido el sistema financiero islandés de los “buitres especulativos extranjeros”. Poco después, sin embargo, fue descubierto como copropietario de la compañía Wintris, con 3,5 millones de euros de origen dudoso invertidos en Panamá y evadiendo el pago de impuestos. La manifestación espontánea de 10.000 ciudadanos (en un país de poco más de 300.000 habitantes), congregados a las puertas del Parlamento con pancartas, fue suficiente para forzar la dimisión del político.

Injusta, porque hace recaer el peso principal del ajuste en las comunidades autónomas, mientras que la administración central se autoconcede un margen holgado y cómodo. La administración central del Estado, incluida la Seguridad Social, absorbe el 53% del total del gasto público, mientras que las comunidades autónomas representan el 36% y los ayuntamientos el 11%. Las autonomías tienen traspasadas las competencias básicas del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales). Parecería equitativo que la distribución del déficit público (2,8% del PIB en 2016) fuera proporcional al peso del gasto de cada administración: 1,5% el Estado central y Seguridad Social, 1% las autonomías y 0,3% los ayuntamientos . Pero no es así. El resultado es la recentralización de las funciones básicas del Estado y la asfixia financiera premeditada de las autonomías, que tampoco tienen soberanía fiscal (exceptuando el País Vasco y Navarra).

Y es inmoral, porque el esfuerzo fiscal de la mayoría termina en los bolsillos de una minoría enriquecida y privilegiada que, para más inri, evade el pago de impuestos mediante compañías establecidas en paraísos fiscales, como el último escándalo de los papeles de Panamá nos ha revelado.

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